19 Mar La COMG se une contra la paralización judicial de proyectos energéticos, mineros e industriales en Galicia
La Mesa para el Desarrollo Renovable e Industrial de Galicia, de la que forma parte la Cámara Oficial Minera de Galicia, acordó el 19 de marzo, tras reunirse en Santiago de Compostela, solicitar de urgencia reuniones con el presidente de la Xunta de Galicia en funciones, Alfonso Rueda, y con el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Blanco, así como con los portavoces de industria de los grupos parlamentarios, para evaluar posibles medidas que permitan avanzar en el desarrollo de energías renovables.
En representación de la COMG, asistieron a la reunión el presidente, Juan José López, y la directora, Arantxa Prado. También estuvieron presentes portavoces del resto de integrantes de la Mesa: la Asociación Eólica de Galicia, la Asociación Gallega del Hidrógeno, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia, el Clúster de Energías Renovables de Galicia, CC.OO., la CEG, la Federación Gallega de la Construcción, y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Galicia.
Tras la paralización, hasta la fecha, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) de 20 parques eólicos, y la decisión de elevar una consulta perjudicial al Tribunal Europeo, la Mesa ha destacado “la coyuntura de incerteza, inseguridad jurídica e indefensión” a la que se enfrentan los proyectos industriales en la comunidad, debido a la “judicialización masiva” de aquellos que cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que, obviando esta circunstancia, están siendo recurridos de forma “absolutamente aleatoria” por plataformas que “se niegan a cualquier implantación en Galicia”.
Además, tras su reunión, la Mesa ha puesto el foco en el alcance de esta paralización judicial, que podría afectar a un total de 70 proyectos eólicos, poniendo en riesgo “unos 4.200 millones de euros y más de 4.000 empleos, además de toda la dinamización del entorno en un hábitat especialmente rural”. Finalmente, ha subrayado la gravedad de ignorar “los informes del funcionariado de las distintas administraciones en los procesos judiciales”, mientras “sí se toman en consideración informes de particulares de las asociaciones carentes de todo rigor”.