HISTORIA

HISTORIA

La Cámara Oficial Minera de Galicia (COMG) fue constituida el 10 de septiembre de 1925, en el nº 27 de la calle Riego de Agua de A Coruña, bajo la presidencia de Ramón del Cueto y Noval.

Los objetivos fundacionales son:

llenar el vacío que había por falta de una entidad que sea directora de toda gestión favorable a los intereses mineros y al mismo tiempo lazo de unión entre los valiosos elementos que, aislados actualmente, no pueden constituir un centro de asociación que estudie y solicite las mejoras mas útiles a sus propósitos, evitando a la par los obstáculos que siempre impiden la implantación de proyectos beneficiosos para el país.
La COMG desea ejercer su misión con el mayor efecto posible, hasta lograr las pretensiones que solicite, convirtiéndose para ello en constante vigilante de los intereses de la Minería; pero a este fin precisa la cooperación de todos los relacionados con el fomento de su comercio y demás asuntos que han de servir de a las explotaciones que puedan instalarse dentro de la región

La COMG se crea al amparo del Real Decreto de 23 de septiembre de 1921, en virtud del cual se crean las Cámaras Oficiales Mineras en España. En él se define a estas entidades como organismos representativos de la industria minera para “la formación de estadísticas mineras, suministrar informes a las autoridades o particulares que lo soliciten, facilitar la enseñanza de la minería, creando o subvencionando Escuelas e Instituciones que a tal fin se encaminen, dirimir por medio de juicios arbitrales las diferencias que entre sus socios se susciten, atender con preferente cuidado a la higiene y salubridad de las minas, proponiendo cuantas reformas la práctica les aconseje, y crear Bolsas de Trabajo minero, para que en todo tiempo pueda saberse del personal obrero que sobre o falte en cada región”.

El Real Decreto de 23 de septiembre de 1921, en su artículo 1º, establece como obligatoria

la colegiación de todos los propietarios de minas, sociedades de todas clases, formadas para su explotación, arrendadores y, en general, de todas aquellas personas naturales y jurídicas que se dediquen a esta industria.

En su artículo 2º se constituye a las Cámaras Oficiales Mineras como Cuerpos Consultivos de la Administración Pública, y

serán necesariamente oídas sobre los proyectos, modificaciones arancelarias, en todo aquello que a esta clase de industria afecta, así como la tributación a que intente sujetarse la industria a la que representan y a las variaciones que pueda sufrir su actual legislación.