02 Jun Entra en vigor la Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Desde el pasado 22 de mayo España cuenta con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, publicada en el Boletín Oficial del Estado. Una norma que pretende cumplir con los compromisos internacionales adoptados en 2015 con la firma del Acuerdo de París.
La nueva ley contempla objetivos de reducción de emisiones de aquí a 2030 –aunque estos serán revisados en 2023– previendo un descenso del 23% de los gases de efecto invernadero respecto a 1990 y lograr un sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable.
Objetivos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Una de las principales finalidades de esta norma es que España alcance la neutralidad de emisiones en 2050, lo que quiere decir que su balance de gases de efecto invernadero (GEI) sea cero.
De ese modo, refleja que de aquí a 2030 las emisiones de GEI deberán haberse reducido como poco en un 23% respecto a 1990 y en esa fecha, y el 74% del sistema eléctrico debería generarse a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética en un 39,5% con respecto a la línea de base de la normativa comunitaria.
Por otro lado, en materia energética, la nueva norma establece que la aplicación de beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar «debidamente» justificada «por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas». La disposición destaca que se fomentarán los gases renovables como el biogás, el biometano y el hidrógenos, entre otros.
En materia de movilidad, el reto está en alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros «sin emisiones directas» de CO2, para lo que a partir de 2040 no se podrá vender en España ninguno que sea propulsado por gasolina, diésel o híbridos.
El sector del transporte en carretera, que genera el 25 por ciento de las emisiones de CO2, deberá desarrollar una red de infraestructuras de recarga eléctrica que se instalará en la red de 11.400 estaciones de servicio, cuyos titulares que estarán obligados a instalar –siempre que sus ventas anuales de combustible superen los 5 millones de litros– infraestructuras para la recarga de coches con batería eléctrica.
Las ciudades de más de 50.0000 habitantes y los municipios de más de 20.000 con problemas de la calidad del aire, estarán obligados a contar con zonas de bajas emisiones a partir de 2030.
Margen de tiempo
En las ciudades, los edificios deberán adaptarse al nuevo escenario y para ello se fomentará la eficiencia energética de los mismos, con un plan que prevé la rehabilitación del parque de viviendas, un aspecto en el que la Ley también observa un motor de mercado y empleo.
Las empresas deberán presentar planes de descarbonización gradual e informes de cumplimiento de los mismos, así como las comunidades autónomas tendrán que informar de sus planes de energía y clima a partir del 31 de diciembre de 2021.
Por otro lado, se da el plazo de tres años a contar desde este 22 de mayo, para que se presente a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente una estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático, entre los que figurarán los ecosistemas naturales y las especies de alta montaña, los humedales terrestres españoles, las praderas de posidonia y las zonas de ribera de los ríos, así como aquellos que destaquen por su papel en la adaptación al cambio climático. Esta estrategia contará con líneas de financiación adecuadas a través del Fondo del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La ley incluye una Estrategia de Transición Justa que optimice las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición, con el objetivo de que el proceso de descarbonización genere el menor impacto negativo posible.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética busca revertir o minimizar la ya declarada por el Parlamento español como «emergencia climática».