30 Oct El CESE considera la aplicación errónea de las políticas ambientales, entre los factores de despobla
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) emitió a principios de 2017 un dictamen sobre el Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, de la Comisión Europea, dirigido a mejorar la aplicación de las Directivas, su coherencia con los objetivos socioeconómicos y la participación de las autoridades nacionales, regionales y locales, las partes interesadas y los ciudadanos.
En su informe, el CESE considera que la aplicación de las Directivas de conservación de la naturaleza deben ser objeto de una sustancial mejora.
Existen leyes, pero hay que aplicarlas
Indican que en la UE “en materia de protección de la biodiversidad no [nos] faltan leyes, directivas, programas, proyectos modelo, declaraciones políticas u orientaciones, sino resultados y acciones concertadas en todos los ámbitos políticos de actuación” y que la política de biodiversidad es un ejemplo clásico de una política de promesas incumplidas a escala europea y nacional.
Entre los principales factores que explican las deficiencias de aplicación se encuentran los limitados recursos, una ejecución insuficiente, la escasa integración de los objetivos de protección de la naturaleza en otros ámbitos políticos, la falta de conocimientos y de acceso a datos, y las deficiencias en materia de comunicación y participación de las partes interesadas.
Destacan también que quienes aplican las Directivas, especialmente a escala regional y local, a veces no conocen suficientemente sus requisitos ni la flexibilidad y las oportunidades que ofrecen, lo que genera tensiones entre la protección de la naturaleza y la actividad económica.
Reconocen que las políticas ambientales europeas no se están aplicando correctamente, ya que la limitación de las actividades económicas lleva aparejada la despoblación de los núcleos rurales.
El factor económico, principal limitación
El principal problema para garantizar el éxito de la política de biodiversidad es que, para los propietarios y usuarios de las tierras, las medidas de promoción o conservación de la biodiversidad en su mayor parte no son una fuente de ingresos, sino un factor de costes. Esto genera conflictos por el uso de la tierra, especialmente cuando las condiciones económicas a las que se ven expuestos los agricultores y silvicultores son desfavorables.
Las medidas de protección de la biodiversidad deben ser económicamente viables para aquellos que las llevan a cabo, no pueden ni deben realizarse a su costa. El CESE considera necesario mejorar sustancialmente este aspecto y asignar una financiación suficiente y específica para la Red Natura 2000 en el marco de la programación financiera a medio plazo a partir de 2021.
La falta de financiación no solo es un problema para cumplir los objetivos acordados en materia de biodiversidad, sino también síntoma de una evolución indeseable de las políticas europeas. Se aprueban leyes que originan costes, pero no se acuerda quién debe asumirlos o como deben cubrirse. Esa falta de coherencia entre la legislación de la UE y el presupuesto de la Unión es la fuente principal de los problemas de la protección de la biodiversidad en Europa.
El CESE pide una vez más a la Comisión Europea que elabore proyecciones actualizadas de los costes de la Red Natura 2000 y considera indispensable presentar una estrategia a largo plazo que satisfaga las necesidades financieras de la política de biodiversidad, ya que cualquier concepto sin financiación será incapaz de impulsar ningún cambio.
Plan de Actuación de la UE
Este plan pretende establecer una base sólida para conciliar la protección de la biodiversidad y las actividades socioeconómicas, incluyendo las inversiones en el capital natural; mejorar la gestión de las zonas protegidas y conseguir la participación de las autoridades nacionales, las partes interesadas y los jóvenes.
Consta de quince medidas que deberán llevarse a la práctica de aquí a 2019 para mejorar la aplicación de las Directivas sobre aves y hábitats, que constituyen las políticas emblemáticas de la UE en el ámbito de la protección de la naturaleza.
Estas Directivas establecen la mayor red coordinada de zonas protegidas ricas en biodiversidad del mundo (red Natura 2000), que abarca más del 18 % de la superficie terrestre de la UE y el 6% de sus aguas. Por sí solas, estas zonas protegidas aportan de un 1,7 % a un 2,5 % al PIB de la UE a través de la prestación de servicios ecosistémicos tales como el almacenamiento de carbono, la depuración del agua, la polinización y el turismo.
Las quince medidas del plan se centran en cuatro ámbitos prioritarios:
- Mejorar las orientaciones y los conocimientos y garantizar una mayor coherencia con objetivos socioeconómicos más amplios
- Impulsar la responsabilización política y reforzar el cumplimiento
- Aumentar las inversiones en Natura 2000 y mejorar la utilización de los fondos de la UE
- Mejorar la comunicación y la divulgación, y lograr la participación de ciudadanos, partes interesadas y comunidades
Según indican desde la Comisión Europea, el éxito del plan dependerá de una estrecha cooperación con las partes interesadas, en particular las autoridades locales y regionales, debido al papel clave que desempeñan en la aplicación de las Directivas.