La minería en Galicia es una actividad que cuenta con un marco normativo y administrativo específico, con amplias exigencias que se desmarcan del liberalismo de otras actividades económicas. Tanto la normativa española como la gallega son rigurosas con los procedimientos a llevar a cabo durante la fase de solicitud de derechos mineros, así como durante la de establecimiento de garantías financieras.

El motivo de la persistencia de esta intervención por parte de la Administración es que los recursos minerales de Galicia son de dominio público, con lo que su explotación está ligada a concesiones o autorizaciones por parte de la Xunta, que siempre tiene en cuenta el impacto que tendrá la apertura de la mina y el interés social de su aprovechamiento y comercialización.

Para el ejercicio de las competencias en materia de minería, la Xunta de Galicia cuenta con el Consejo de la Minería de Galicia, un órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento de la administración en esta materia.

La Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia establece las bases para la adjudicación de los derechos mineros.