La actividad minera constituye una de las profesiones con más riesgo, tanto por el tipo de trabajo como por los métodos utilizados. Esta realidad exige de todas las partes implicadas, administraciones públicas, empresas y personal, la mayor atención y esfuerzo para que la actividad se desarrolle con las máximas garantías de prevención.

La minería siempre ha sido objeto de legislación especial en materia de seguridad y salud y, aunque en los últimos años se están llevando a cabo esfuerzos importantes para reducir los índices de siniestralidad en el sector, hay que seguir trabajando en la mejora de la seguridad de las explotaciones y en la eliminación de accidentes y enfermedades profesionales.

La seguridad laboral ha sido y es una preocupación constante en las explotaciones mineras, como demuestra la promulgación en 1984 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y sus correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias, adelantándose once años a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995).