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Miércoles - 15.Agosto.2018


El sector minero gallego abordó las novedades de la ley de implantación empresarial

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La Cámara Oficial Mineira de Galicia convocó al sector minero gallego el pasado 20 de marzo en Santiago para abordar el nuevo marco normativo que representa la Ley de implantación empresarial, en especial en lo que se refiere a las garantías para la rehabilitación de espacios mineros. Más de 70 personas asistieron al encuentro, organizado con el apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria y la colaboración de la correduría de seguros Peris Iberia.

El presidente de la Cámara, D. Juan de Dios Martín Aparicio, abrió la jornada con una intervención en la que afirmó que la minería gallega busca garantizar restauraciones al servicio de la sociedad. Martín Aparicio señaló la restauración como un “hecho ineludible que puede y debe repercutir en la mejora de la población de las localidades mineras”. La generación de espacios de ocio, de masas de agua para el abastecimiento o de hábitats de gran valor ambiental son solo algunas posibilidades, añadió.

Para el presidente de la Cámara, “el recurso minero es un bien público, de todos, porque su aprovechamiento es un beneficio para todos”. En este sentido, destacó la responsabilidad del sector extractivo gallego de garantizar la puesta en valor de los espacios mineros más allá de la vida de la mina, con una restauración que favorezca su uso al servicio de la población. En su opinión, la nueva Ley de implantación empresarial contribuirá de modo decisivo a este objetivo.

TRAMITACIÓN DE DERECHOS

Tras la apertura, el director de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, D. Diego López González, abordó las novedades introducidas por el nuevo marco normativo en la Ley de la Minería de Galicia en cuanto a la tramitación de los derechos mineros.

Según indicó, uno de los objetivos de las modificaciones es la agilización en la implantación y cese de las actividades extractivas, así como la desafección del suelo ocupado. Para conseguirlo, se implantan el procedimiento integrado, el informe único y concursos automáticos individuales. Se busca también garantizar la compatibilidad ambiental y la integración territorial, así como la confidencialidad.

A continuación, el asesor jurídico de la Cámara, D. Julio César Valle Feijóo, ahondó en la obligación de restauración de los espacios mineros. En su intervención, insistió en el carácter pionero de las legislaciones española y gallega en materia de restauración minera y explicó cómo la Ley de implantación empresarial permite flexibilizar y ampliar las posibles formas de garantías para paliar la afección de la “grave crisis económica, tanto a las empresas como a las entidades financieras”.

Por su parte, las registradoras de la propiedad de Mondoñedo, Dª. Noemí Sarai Alcobendas Delgado, y de Sarria-Becerreá, Dª. María Cristina González Pereda, aproximaron a los asistentes al encuentro las posibles figuras de garantía de obligación de la restauración, como hipotecas o seguros.

SEGURO DE CAUCIÓN

La situación del seguro de caución ante las garantías financieras fue abordada por D. Miguel Ángel Peris, de Peris Iberia, quien explicó las ventajas de esta fórmula, como aumentar la capacidad financiera de las empresas, disminuir los pasivos o reducir costes. Para el experto, el seguro de caución representa nuevas oportunidades para las empresas, ya que contribuye a mejorar su capacidad crediticia y a movilizar recursos en beneficio de instalaciones más eficaces y responsables frente a la sociedad.

Las intervenciones se cerraron con el jefe del Servicio de Tesorería de la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma, D. José Antonio González Araújo, quien fue desgranando los diferentes tipos de garantías: en efectivo, avales, seguros de caución y valores.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD

Finalmente, el director general de Enerxía e Minas, D. Ángel Bernardo Tahoces, clausuró el encuentro con un llamamiento a la unidad del sector para vencer el rechazo social hacia la actividad extractiva. En su opinión, la exigencia de inmediatez por parte de la sociedad, especialmente en las restauraciones, y los errores cometidos por la minería en el pasado generan desconfianza, a pesar de tener una legislación ambiental pionera, un intenso nivel de intervención por parte de la Administración y la obligación de constituir garantías financieras.

“Tenemos la obligación sagrada de defender lo propio”, afirmó el director general al tiempo que incidió en que todos “somos uno”, en alusión a la necesidad de que los subsectores mineros unan fuerzas. Para D. Ángel Bernardo Tahoces, el sector tiene la obligación económica, social y legal de poner en valor la riqueza geológica del país, por lo que invitó “a unirse para defender lo nuestro”. 

21/03/2018 ir arriba
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